El pasado 14 de septiembre, el Banco Central Europeo (BCE), anunciaba una nueva subida en los tipos de interés para la zona euro, situándolos en el 4,5%, su nivel más alto desde 2001. Este tipo de política monetaria tiene como objetivo central contener la inflación de los países europeos, disparada por, entre otros fenómenos, la crisis financiera derivada del COVID-19.
Esencialmente, la subida en los tipos de interés se realiza con el objetivo principal de reducir la cantidad de dinero en circulación mediante un encarecimiento en el coste que tiene obtener dicho recurso, por ejemplo a través de préstamos. Este encarecimiento tiene como resultado una bajada en el incremento sostenido de precios (i.e. inflación) a mediano plazo, pues no es algo inmediato. Esta es la teoría (de manera simplificada) con la que los bancos centrales actúan para cumplir su mandado de contener la inflación. Dicho planteamiento ha probado ser exitoso en consonancia con la utilización de otras políticas macroeconómicas. Uno de los casos de éxito más mencionados, es la reducción de los niveles de inflación en Estados Unidos durante la década de los ochenta, de la mano de una subida en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (FED) y su presidente, Paul A. Volcker.
Cabe entonces plantearse, si en la actualidad Europa se encuentra experimentando altos niveles de inflación, ¿habrá que subir y mantener por un tiempo los tipos de interés? Históricamente, estas acciones han controlado los incrementos en los precios y estabilizado la economía. Sin embargo, hay un problema, el BCE gestiona la política monetaria de 20 países miembros de la eurozona. Cada país cuenta con su propia política fiscal, nivel de endeudamiento y prioridades macroeconómicas.
Esta realidad hace que países como España, con un nivel de deuda del 113% del PIB, y un gasto público que el año pasado ascendió al 47,8% del PIB, no vean traducidos en su totalidad, los beneficios que puede tener una subida en los tipos de interés para contener la inflación. Un gasto público disparado y un nivel de deuda que sólo con el actual gobierno ha aumentado en más de 376,000 millones de euros, hacen la receta perfecta para que no dejen de subir los precios y además se encarezca aún más el acceso al crédito (uno de los efectos más inmediatos en la subida de los tipos de interés). Es decir, ni se resuelve el problema de los precios, y encima, es más caro para el ciudadano pedir prestado.
Los datos macroeconómicos del país no mienten: en septiembre el índice de precios al consumidor (IPC) subió hasta el 3,5%, 9 décimas más que en agosto. La inflación subyacente se sitúa en el 5,8% (sin tomar en cuenta el aumento de precios de la energía y de diversos alimentos).
¿Esto quiere decir que se equivoca el BCE con una subida de tipos de interés? La respuesta corta es no. Pero sí se equivoca España al no alinear su política fiscal y de gasto al objetivo fundamental que tiene el ente rector de la política monetaria europea, que es contener la inflación. Si el país no cambia sus estrategias macroeconómicas, no habrá subida en tipos de interés que puedan frenar la inflación, ni estrategias de política monetaria que puedan compensar el desproporcionado gasto público existente en la actualidad.
Este fenómeno de tensión entre la política monetaria y fiscal no es exclusivo de España o la eurozona. En casi todos los países industrializados se ha podido ver como un shock externo como lo fue el COVID-19 y el aumento en gasto público, justificado por los gobiernos para proteger el poder adquisitivo de la población, han causado serias dificultades para controlar el aumento en los precios y cuadrar las cuentas públicas.
La disyuntiva a la que ahora se enfrentan los países occidentales es cómo volver a niveles de inflación aceptables, estabilizando a su vez otros indicadores como deuda y gasto público simultáneamente. El gobierno, señala el bajo nivel de inflación anual (2.4% en agosto) como éxito de su política económica. Sin embargo, obvia convenientemente factores como ser la cuarta economía más endeudada de la Unión Europea. Es historia reciente, aunque resulte lejana para muchos, la de países con índices nominalmente favorables, que presentan graves problemas estructurales.
En la actual coyuntura global, donde la guerra y la incertidumbre están a la orden del día, convendría que los líderes políticos se pararan a pensar cómo se puede garantizar la estabilidad macroeconómica de cada estado y no sólo cómo se puede ganar la próxima campaña electoral. En aspectos técnicos, el BCE está haciendo lo que le corresponde, pero si sus esfuerzos no se ven complementados por cada país, el jaque económico actual pronto podría pasar a ser un escenario en donde ya no se pueda mover ninguna ficha.