El resultado de las elecciones del 23 de julio dejó un escenario complejo del que se podían extraer pocas certezas. La más relevante fue sin duda que el bloque conservador, compuesto por el Partido Popular y Vox, se había quedado corto de la mayoría que le vaticinaban la mayor parte de las encuestas. Todo apuntaba a que Núñez Feijóo (PP) iba a ser incapaz de reunir los acuerdos necesarios para alcanzar la Moncloa, realidad que se materializó hace apenas unas semanas con su investidura fallida ante el Congreso de los Diputados. No obstante, una segunda certeza de los resultados del 23-J fue que las formaciones que hace cuatro años auparon a Pedro Sánchez (PSOE) a la presidencia no contaban en esta ocasión con la suficiente representación como para poder reeditar su gobierno. En 2019, Esquerra Republicana y EH Bildu se abstuvieron en la investidura del candidato socialista, mientras que Junts directamente votó en contra. Hoy, todos sus votos afirmativos son necesarios. Así, en vista de un debate de investidura que aún no tiene fecha confirmada, resulta conveniente analizar los retos a los que se enfrenta el gobierno de coalición para conseguir, de nuevo, la confianza de la cámara.
En primer lugar, pongamos nuestra atención en Euskadi y Navarra. En estas cuatro provincias, PNV y EH Bildu se encuentran en una lucha encarnizada por ser primera fuerza. Las elecciones del 23-J han sido las primeras en las que la coalición de Otegui supera en número de votos a la formación jeltzale, lo cual ha sido interpretado como una señal de que la hegemonía del PNV en la región podría estar en peligro. Debemos recordar que las elecciones vascas están a la vuelta de la esquina –se deberían celebrar el año que viene, pero el propio lehendakari lleva días mencionando la posibilidad de que estas sean adelantadas–, lo cual convierte cada movimiento de estas fuerzas regionales en una cuestión de verdadera supervivencia política. En este sentido, los líderes de ambas formaciones conocen a su propio electorado y saben que cualquier signo de proximidad con la ultraderecha sería duramente castigado en las urnas. Así, resulta comprensible que los líderes del PNV repitiesen hasta la saciedad su negativa a Feijóo y que los de Bildu hayan sido tan nítidos en su apoyo al gobierno de coalición. Los socios del gobierno no deberían encontrar mayores complicaciones para obtener el apoyo de ambas formaciones, pero es posible que sea necesario algún gesto hacia el PNV (socio prioritario del PSOE tanto en Euskadi como Navarra) para afianzar su posición frente a los abertzales.
En el caso de Cataluña, se reproduce una dinámica similar. Aquí, Esquerra y Junts se disputan ser la formación independentista más votada y, por tanto, el convertirse en el legítimo interlocutor de la reivindicación secesionista durante los próximos años. Desde 2019, Esquerra ha adoptado una visión pragmática con respecto al gobierno nacional y se ha convertido en uno de sus apoyos más fiables. Sin embargo, este acercamiento al PSOE les ha pasado factura electoralmente. En menos de 4 años, la formación ha pasado de 15 escaños, a 7; de ser primera fuerza en Cataluña, a cuarta; y de claramente liderar el bloque independentista, a estar empatados en escaños con Junts. Ahora la formación de Puigdemont se encuentra en una tesitura muy similar a la que se enfrentó Esquerra al comienzo de la anterior legislatura. Que el gobierno central dependa de su apoyo es sin duda una baza que cualquier formación política quiere tener en su poder, pero esto supondría llegar a un acuerdo con el ejecutivo que quizás les debiliten ante sus votantes más intransigentes (quienes suponen un porcentaje considerable de su base electoral). Así, no es de extrañar que ambas fuerzas soberanistas hayan copado los titulares con exigencias severas (amnistía) y, en ocasiones, irrealizables (referéndum) desde la convocatoria electoral. Estos mensajes de inflexibilidad están claramente dirigidos al votante independentista, el cual parece que se ha ido desactivado progresivamente durante los últimos años, y encuentran su origen en una reñida competición por hacerse con el liderazgo de la causa soberanista. Aquí también debemos recordar que las elecciones autonómicas son inminentes (si se agota la legislatura se celebrarán en 2025, pero es muy probable que se acaben adelantando) y que en este caso el PSC está en una posición ventajosa para volver a ser primera fuerza y, quizás, formar el primer gobierno no soberanista en Cataluña desde el comienzo del procés.
Por último, debemos recordar que la posición del propio PSOE es más débil de lo que pudo dar a entender la euforia vivida en Ferraz en la noche electoral. Las cesiones a las fuerzas regionalistas e independentistas cuentan con la desaprobación de una buena parte del electorado socialista, la cual se decanta por la repetición electoral según la última encuesta publicada por IPSOS. Así, cada nueva reivindicación por parte de dichas formaciones parece debilitar aún más la estrecha posibilidad de que el gobierno de coalición se pueda reeditar, e incentiva a Sánchez a volver a jugarse el tipo en una nueva convocatoria electoral.