Latinoamérica vuelve a ser fuente de conflictos. El continente sudamericano está marcado por históricas controversias territoriales, que en más de una ocasión han desencadenado terribles enfrentamientos. La escalada de tensión la protagoniza esta vez Venezuela y su vecino, Guyana. La celebración del referéndum sobre el Esequibo el pasado mes de diciembre ha supuesto un cambio en la política territorial venezolana y un paso al frente por parte de Nicolás Maduro, que no estaba dispuesto a dejar el futuro del asunto en manos de la Corte Internacional de Justicia (ICJ).
La disputa sobre el territorio de 159.500 kilómetros cuadrados, conocido como Guayana Esequiba o Esequibo se remonta al Siglo XIX. Lo cierto es que, ni siquiera entonces, la Capitanía General de Venezuela gozaba de un control efectivo en la región, que había sido sucesivamente ocupada por Bélgica, Francia y Reino Unido. Aunque no fue hasta la declaración del nacimiento de la Guyana Británica en el año 1831 cuando se puso fin a la soberanía venezolana en el territorio. Dando de esta manera lugar a uno de los mayores diferidos territoriales, aún por resolver, en el continente.
En un intento de llegar a un acuerdo y especialmente por la presión ejercida por Estados Unidos en aplicación de la Doctrina Monroe, ambos países deciden acudir a la figura del arbitraje internacional en el año 1899. Sin embargo, el laudo arbitral de Paris que atribuye la zona a Gran Bretaña, excepto la boca del río del Orinoco, queda desacreditado por presunta corrupción y nunca se llega a aceptar por Venezuela. En un segundo intento por resolver la cuestión se firma el Acuerdo de Ginebra en el año 1966. Por éste ambos países se comprometen a llegar a un pacto común en base al artículo 33 de la Organización de las Naciones Unidas y a cambio Venezuela reconoce a Guyana como un estado independiente. Además, Guyana defiende que la Corte goza de competencia en base al artículo 36.1 del Estatuto de la Corte y teniendo en cuenta el Artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra que establece que en caso de un fracaso en la resolución del conflicto por parte de la Comisión Mixta, los Gobiernos de Guyana y Venezuela elegirán uno de los medios de arreglo pacífico previstos en el Artículo 33 de la ONU. Por el contrario, Venezuela rechaza la competencia de este tribunal y se adhiere al Acuerdo de Ginebra. La falta de entendimiento sobre la prevalencia de los tratados ha sido la nota común desde entonces.
En el ejercicio del poder y la responsabilidad conferidos por dicho Acuerdo, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, decidió someter la controversia ante la jurisdicción del ICJ. Guyana consecuentemente, depositó, en el año 2018, una demanda unilateral al entender que es esta corte el foro adecuado para la resolución pacífica de la disputa. Finalmente, la corte de la Haya confirmó gozar de competencia para resolver el presente caso en el año 2020.
La batalla judicial está alcanzando momentos de alta tensión en este año, diferencias que se pudieron percibir en las declaraciones hechas en el trámite de las Audiencias Públicas. Venezuela, a diferencia de lo ocurrido hace 5 años, ha decidido participar en esta fase del procedimiento, aunque recalcando que su presencia en la audiencia no supone el reconocimiento de la competencia de la Corte sino la defensa de la independencia, el derecho de autodeterminación y la soberanía nacional venezolana.[1]
En un intento de desviar las miradas nacionales de los problemas internos que azotan el país como la hiperinflación, la deuda con China o la escasez de medicinas, el régimen bolivariano está alentando el sentimiento nacionalista en esta cuestión. En especial, Maduro trata de aumentar su popularidad de cara a las elecciones presidenciales previstas para este 2024. En otras palabras, a través de la consulta popular y teniendo en cuenta una posible sentencia desfavorable del ICJ, Maduro busca legitimar internamente sus próximas acciones en el Esequibo.
En dicha consulta se plantearon cinco preguntas que pueden llegar a tener graves implicaciones internacionales de la forma que se plantean. En cuanto a la cuarta pregunta, “¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme a Derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?”, desde la perspectiva de seguridad y defensa, la forma en la que se formula ha abierto la puerta a un posible conflicto. Con la solicitud de oponerse, por todos los medios, conforme a derecho, se está en realidad justificando una posible declaración de guerra en caso de amenaza a la integridad territorial.
El referéndum celebrado es realmente un callejón sin salida para Maduro. Al otorgar al pueblo venezolano el derecho a legitimar la anexión del Esequibo y la creación del Estado de Guyana, Maduro se enfrenta en primer lugar a las respuestas por parte de los actores internacionales. Reino Unido ha sido el primero en planificar mandar un buque de guerra como respaldo diplomático y militar a esta antigua colonia británica. Sin embargo, en caso de una escalada del conflicto, no será el único país en intervenir, debido a los altos intereses petrolíferos que hay en la zona.
Es más, Maduro se enfrenta a una represalia económica que el país no se puede permitir. Consiguiendo, a largo plazo con el incremento del gasto en defensa, el aumento de la insatisfacción del pueblo venezolano. Tendrá un gran peso en el futuro de la disputa la respuesta por parte de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. En caso de legitimar las acciones de Venezuela y especialmente financiar su ocupación, el pacífico se encontraría ante una escalada del conflicto. Veremos si el ICJ acaba por resolver esta histórica cuestión o si, por el contrario, es el comienzo de otra época oscura para el continente sudamericano