La polémica de esta semana ha girado en torno a lo que los medios denominan la tercera crisis de la Benemérita. La primera fue la del 23F, la segunda el caso de corrupción del antiguo Director General de la Guardia Civil, Luis Roldán, y, finalmente, la tercera, el cese del coronel Pérez de los Cobos.
Esta misma situación se ha visto envuelta en un tupido velo que ha enturbiado la transparencia propia del Estado de Derecho y los sistemas democráticos. No es necesario, para que se dé esta situación, que un juez declare culpable a políticos o partidos políticos, con nombre y apellidos o con siglas concretas, para que se produzca una disminución en la calidad democrática de un sistema político.
La polémica gira en torno al proceso judicial abierto por la causa del 8M de este año y la supuesta implicación del Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en un caso de prevaricación. La jueza Rodríguez-Medel solicitó a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, sujeta a la dirección del coronel Pérez de los Cobos, un informe con la finalidad de comprobar los hechos constitutivos de delito y su/s autor/es. A partir de aquí es cuando las versiones comienzan a diferir.
Según la versión del Ministerio del Interior, el cese del coronel de la Guardia Civil, que se encontraba al mando de la Comandancia de Madrid, no tiene otro sentido que el ejercicio de una potestad discrecional otorgada por la ley a la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez. En este sentido, encontramos en el seno de la Administración Pública que en determinados empleos, por razón de su alta responsabilidad, la elección de entre los aspirantes al puesto se realiza de forma discrecional, a dedo. Evidentemente esta potestad tiene unos límites, muy reducidos, que son los previstos por la ley, tales como la aprobación ex ante de unos requisitos que los candidatos deben cumplir. En resumidas cuentas, tanto desde el partido como desde el Ministerio del Interior, por parte del Sr. Grande-Marlaska, se ha defendido que María Gámez tan solo estaba redefiniendo los equipos de trabajo, del mismo modo que lo puede hacer, por ejemplo, un ministro. Añadía el bilbaíno en su comparecencia ante la comisión de interior del Senado que lo fundamental para la función pública es la competencia, imparcialidad, neutralidad y comunicación.
Por otro lado, choca con esta versión la ofrecida por el coronel Pérez de los Cobos y su entorno. Ellos afirman que los altos cargos del Ministerio conocían que la jueza había solicitado el informe, y que el coronel, como máxima autoridad de la Guardia Civil en la provincia de Madrid, podía acceder a dicho informe. Una vez finalizado el informe, antes de su presentación ante la jueza, la Directora General de la Benemérita solicitó que se le entregase una copia del mismo, dado que figuraba información sensible para el Ministerio. En este documento, las diligencias de la Guardia Civil identificaban a los Srs. Simón y Franco como los autores del delito de prevaricación. A pesar de ello, la decisión del coronel fue negarse a las pretensiones de Gámez, lo que no gustó dentro del Ministerio, y provocó su cese inmediato. No contentos con ello, el documento fue filtrado y terminó en manos del ministro.
No compete sino a un juez determinar la veracidad de los hechos y someter a sus responsables a las consecuencias penales correspondientes. Pero esto no es óbice para realizar un análisis y reflexionar en clave política.
En primer lugar, es cierto que existen determinados cargos que son de libre designación y de libre cese, puestos que están basados en la confianza por lo que, terminando esta, termina el mandato. Sin embargo, no arroja transparencia, sino opacidad a la calidad y confianza institucionales, el hecho de que coincida una investigación judicial contra miembros del Gobierno y el cese del máximo responsable de la investigación. En segundo lugar, a ojos del resto de funcionariado, se manda de forma indirecta un aviso de obediencia o sumisión a las decisiones tomadas por las cúpulas institucionales, aunque estas sean de dudosa legalidad o, incluso, manifiestamente ilegales, como es el caso de filtrar un documento protegido por el secreto de sumario.
Pedía el ministro Grande-Marlaska en la comisión de investigación al senador del grupo popular “creámonos que estamos en un Estado de Derecho”, súplica cuanto menos desafortunada. No hay que creer en un Estado de Derecho cuando en toda actuación institucional se ponen de manifiesto las características de la función pública que expuso el pasado viernes: competencia, imparcialidad, neutralidad y comunicación. Añadamos dos: calidad y transparencia. Nunca será conveniente perder de vista que esto es siempre de aplicación con total y absoluta independencia de los colores que abandere el Gobierno de España.