Son ya (demasiado) constantes las noticias que traen a nuestro conocimiento, ciertas intromisiones por parte del poder político, al poder judicial o incluso a las administraciones. ¿Qué es lo que se pretende? Aparentemente un control de las instituciones basado en un motivo democrático-partidista, que prácticamente legitima cualquier tipo de injerencia, sea adecuada o inadecuada, sea legal o ilegal.
Tras la Revolución Francesa, con el Liberalismo político, se instituyeron las máximas del Estado de Derecho: la separación de poderes, libertad e igualdad. Esta igualdad tiene el matiz de “jurídica”, que se obtiene en la medida en que los jueces están bien formados y son independientes. De lo contrario, se vuelve a un contexto político en el cual la libertad y la igualdad quedan puestos en entredicho.
Recientemente se ha planteado en nuestro Congreso de los Diputados, la renovación de una serie de altos cargos: Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Dirección de RTVE, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Al poder político siempre interesará controlar estas instituciones, ya que todas ellas tienen un poder que se le escapa. El TCu controla y somete a examen las cuentas de organismos públicos y de partidos políticos. El Defensor del Pueblo atiende a las solicitud de defensa de derechos, de aquellos ciudadanos que se vean ofendidos por la Administración. El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial, que tiene atribuidas cuestiones administrativas. El TC es el máximo intérprete de nuestro texto constitucional, dirime si una ley o una sentencia judicial son contrarios o no a la Constitución. Como vemos, todas estas cuestiones son de interés político, pero no por ello está legitimado el poder político para politizarlas, son cosas distintas.
Dado que el Congreso de los Diputados se halla, actualmente, pintado por diversas banderas de partidos, es complicado que en el Senado y en el Congreso, se alcance la mayoría reforzada (3/5) que requiere la ley para el nombramiento de personas integrantes de las instituciones.
Con todo ello, conviene reflexionar acerca del panorama que se nos presenta. ¿Es conveniente que los jueces y magistrados se elijan entre sí, al menos, la mayor parte? ¿Debería seguirse el sistema de votación directa por parte de los ciudadanos? Partiendo de una situación de populismo político, si se permite la intromisión política, ¿podemos llegar a una justicia populista? Si bien la Justicia en España pasa tiempos duros, ello no quita que el modelo racional que hemos seguido hasta ahora sea justo, idóneo y necesario, sin idealizar, por supuesto, la propia Justicia.