A mediados de abril se produjo el cierre global de escuelas debido al COVID-19. No han sido pocos los afectados, ascendiendo la cifra a 1.600 millones de niños y niñas en todo el mundo (el 91,3%). Cinco meses después, y en plena crisis económica y social -a nivel global-, parece que la educación no escapa de la nueva normalidad.

Con su adelantado inicio de curso en el pasado mes de agosto, Alemania se vio obligada a encabezar la regulación educativa en tiempos de la COVID-19, frente a sus socios europeos. Las medidas principales que se han tomado son la cesión de competencias a los Landen en la regulación, uso de mascarillas y la distancia física. Estas medidas recorren un amplio espectro de intensidad, desde aquellas regiones que han sufrido más la COVID-19 hasta aquellas que menos, llegando estas últimas a no obligar a llevar mascarillas en las aulas y otros espacios cerrados de los centros educativos. Aunque con semejanzas, el mapa europeo respecto de las medidas tomadas queda dibujado de manera poco uniforme, ya que, no en todos los Estados miembros se ha contemplado obligatorio el uso de mascarilla.

Concretamente en España, el pasado 11 de junio el Ministerio de Educación y Formación Profesional elaboró un documento con 14 puntos para el inicio de curso, que resulta, sin embargo, insuficiente. Parece ser que la segunda ola del virus, que el Gobierno esperaba en otoño, ha adelantado su llegada al verano, sorprendiéndonos sin plan de acción. En el documento redactado por Celaá las medidas consisten en: respetar la distancia física entre los alumnos y profesores, y la obligatoriedad del uso de mascarillas en pasillos y aulas, teniendo que procurar el claustro la mayor realización posible de actividades al aire libre. Al mismo tiempo, durante las clases se deberá tener las ventanas abiertas, así como, entre clase y clase, la correspondiente ventilación e higienización por parte de alumnos y profesores y espacios del centro educativo. A toda costa, según declaró la ministra, debe evitarse la sustitución de la enseñanza presencial por la telemática, ya no solo por la brecha tecnológica, sino porque esta no puede sustituir el aprendizaje presencial ni el trato entre profesores y alumnos. Sin embargo, debido al batiburrillo burocrático y regulatorio, los centros educativos siguen sin poder llevar a cabo medidas concretas y que satisfagan las indicaciones provenientes del ministerio.

Como consecuencia de toda esta situación, han salido a relucir los fallos y las carencias de nuestro sistema educativo que, según parece, se ha entendido más como herramienta de ingeniería social y menos como pilar de nuestra sociedad.

No es novedosa la alarmante cantidad de reformas educativas que se han llevado a cabo en nuestro país desde 1957 con la Ley Moyano, que fue la primera ley educativa integral, cuyo objetivo fue paliar el analfabetismo de los españoles. Entre otros logros se le atribuye la obligatoriedad de la escolarización hasta los doce años, así como la gratuidad de la misma para quienes contaran con recursos insuficientes. No fue hasta 1970 cuando se promulgó la Ley General de Educación, que trajo consigo la división de niveles que actualmente conocemos en la educación: preescolar, educación general básica, enseñanza media y enseñanza universitaria. La siguiente ley en este ámbito se promulgó diez años después, en 1980. Fue la primera -aunque no exitosa- ley orgánica que desarrolló temas educativos, en el marco de la Constitución del 78. En 1983 se promulgó la Ley de Reforma Universitaria, que promovió las libertades de cátedra e investigación, entre otras. Desde entonces se han promulgado numerosas leyes en el ámbito de la educación: la LODE (85), LOGSE (90), LOPEG (95), la LOCE (02), LOU (02), la LOE (06), y la actual LOMCE (13), la famosa Ley Wert que tanto revuelo causó. Este exceso legislativo produce, como se ha denunciado muchas veces ya, caos e inseguridad educativa, contra la calidad y estabilidad que necesita todo sistema educativo.

Tal y como se menciona en una edición anterior de esta newsletter, la cultura ocupa un papel fundamental y principal para la sociedad, y la educación es la vía a través de la cual se comunica. Así, deviene tesoro común que a todos interesa proteger. Dada su importancia, es tal el interés político -de todos los colores- en legislar de una u otra forma, porque puede convertirse tanto en una muy buena herramienta de manipulación a través de la cual formar rebaño, como en una forja para crear personas: ciudadanos libres y críticos; sin embargo, para esto último es necesario el consenso político, que en la actualidad brilla por su ausencia y, en general, no interesa tanto.