“Ya rusari, ya toosari: lleva velo o te golpearán en la cabeza”. Éste es el eslogan que se exclamaba en la Plaza de la Libertad de Teherán en 1979 tras la Revolución Iraní y la consecuente llegada al poder del Ayatollah Khomeini. Esta revolución, fruto de un gran descontento popular, puso fin al régimen de Mohammad Reza Pahlavi: una monarquía marcada por la corrupción, la represión y la desigualdad social. Khomeini, líder de la revolución, había prometido que las mujeres tendrían un papel esencial en la nueva sociedad islámica iraní. Sin embargo, poco después de su llegada al poder, se promulgaron numerosas leyes que restringían los derechos de las mujeres, dando lugar a protestas multitudinarias. Una sublevación que prometía un cambio real, sin llegar a conseguirlo debido a la complejidad y a las tensiones inherentes del proceso de transformación político-social. ¿Qué factores impidieron la ola de reformas del siglo XX?
En primer lugar, la visión autoritaria y la agenda política basada en la aplicación de la ley islámica implicó la represión política y la supresión de la libertad de expresión al censurar los medios de comunicación. En segundo lugar, la Revolución también desató tensiones étnicas, religiosas y políticas en todo el país. Los kurdos, los baluchis y otros grupos étnicos que habían sido marginados por el régimen anterior se rebelaron contra el nuevo régimen, lo que implicó el aumento de la opresión y la violencia en todo el país. Además, la lucha por el poder político y la influencia religiosa también provocó conflictos internos entre los líderes de la Revolución. En tercer lugar, la Revolución de 1979 tuvo un impacto significativo en la economía del país, ya que la nacionalización de las industrias petroleras y otras políticas económicas crearon incertidumbre y desestabilización. Esto llevó a la fuga de capitales, la inflación y la disminución de la inversión extranjera.
Cuarenta y tres años después, la muerte de la joven kurda de 22 años Mahsa Amini ha dado lugar a unas protestas masivas que nos hacen recordar aquellas de la revolución de 1979. Unas protestas que dejan alrededor de 488 civiles muertos, dos ejecuciones públicas y 18.259 personas detenidas, por el momento, además del envenenamiento de cientos de niñas en algunos colegios.
Irán no ha conseguido avanzar en la protección de los Derechos Humanos. En 2021, según el informe anual de Iran Human Rights, al menos 330 personas, incluyendo menores de edad, fueron ejecutadas. Es más, el país encabeza la lista de países que ejecutan a mujeres, con más de 172 ejecutadas entre 2010 y 2021. El Informe de la ONU sobre la situación política en Irán ha denunciado esta situación y muchas otras violaciones sistemáticas de derechos. Entre enero de 2010 y septiembre de 2021, al menos 72 personas murieron mientras estaban bajo custodia del Estado, debido a torturas, el uso letal de la fuerza y otros maltratos. Además, más de 100 delitos se castigan con la flagelación, y el artículo 278 del Código Penal (que establece la pena de muerte obligatoria para 80 delitos) prevé la amputaciónde los cuatro dedos enteros de la mano derecha del ladrón en una primera condena por robo.
Llegados a este punto, lo lógico es preguntarse cómo se pueden tolerar estas atrocidades del régimen iraní y el motivo por el cuál no se puede intervenir. Un principio fundamental del sistema internacional es el de soberanía que establece la autoridad suprema de un Estado dentro de su territorio. Principio considerado como una norma del derecho internacional y expresado en la Carta de la ONU. La igualdad de rango con respecto a otros Estados soberanos y la protección de la integridad territorial se establecen en el apartado 7 del art 2, conocido como el principio de no injerencia o intervención que significa que las Naciones Unidas no pueden intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, lo que garantiza la autoridad suprema de los Estados dentro de su territorio y los protege de injerencias externas.
Es imprescindible mencionar el hecho de que la caída del régimen iraní tendría graves consecuencias regionales. El régimen iraní “busca” mantener la estabilidad en Medio Oriente, por lo que se opone firmemente a grupos terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico. Sin embargo, no se puede obviar que el gobierno mantiene una alianza con Hezbollah en el Líbano. Esta colaboración radica en la visión política compartida por ambas partes, basada en principios de Wilayat e faqih (tutela del jurisperito islámico) y la lucha contra toda influencia de Occidente en la región, en consonancia con una perspectiva que se opone a la epistemología occidental. Otro aspecto de fundamental importancia es el papel de Irán en el mercado global de hidrocarburos. Por no mencionar su programa nuclear, que ha provocado desde 2006 diversas resoluciones de las Naciones Unidas solicitando que se suspenda el enriquecimiento de uranio. Las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional contra Irán en respuesta a sus violaciones de Derechos Humanos y su programa nuclear han sido medidas de presión significativas. Éstas han tenido un impacto negativo en la economía iraní, afectando particularmente a su sector petrolero y financiero y limitando su capacidad para desarrollar su programa nuclear. Los embargos de armas, por su parte, han restringido la capacidad de Irán para adquirir y desarrollar armamento, lo que ha tenido un impacto en la estabilidad regional.
Aunque estas medidas han sido efectivas en algunos aspectos, también han tenido consecuencias negativas para la población iraní, incluyendo el acceso a bienes básicos y servicios, y han aumentado la presión sobre la población vulnerable. Por lo tanto, hay cierta ironía que las mismas sanciones que se imponen por las violaciones de derechos humanos reduzcan la calidad de vida y afecten a los derechos de los iraníes. ¿Qué otra opción queda para ayudarles?