En 2008 el mundo entero sufría la crisis financiera y en doce años volvemos a encontrarnos con una situación parecida -o incluso peor-, que ha sacudido y sacude nuestro estilo de vida y economía sin atisbo de clemencia. Si bien no lo sabemos a ciencia cierta, España es susceptible ahora mismo de ser rescatada por Europa. Pero, tras las experiencias de rescate por parte de otros países mediterráneos, se pone de manifiesto que el rescate tiene un precio que puede llegar a ser político. 

La economía europea es interdependiente, por lo que deviene interés común de los Estados miembro (y de la UE) el proteger las economías nacionales; si cae una padecen todas. Precisamente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad nace en 2012 con tal finalidad, y es el órgano que materializa los rescates. Dichos rescates, sin entrar en detalle, implican condiciones de tipo económico, financiero y presupuestario; y, en determinadas ocasiones, pueden implicar condiciones de tipo político. Ejemplo de ello es el caso griego. 

El 5 de julio de 2015 el pueblo griego votó en referéndum la “propuesta” de los acreedores europeos para oxigenar la economía helena. La respuesta fue un rotundo “no”, respaldando y reforzando al gobierno de Tsipras, y en concreto al Ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, o al menos eso parecía. El 6 de julio el ministro anunció su dimisión con tal de facilitar las negociaciones del Gobierno con los “acreedores europeos”.

Varufakis era un férreo defensor del choque de trenes entre el gobierno heleno y la Troika europea. A lo largo de su mandato fue una figura cargada de polémica y no podía ser menos a la hora de su dimisión. Con un anuncio en su blog personal, el ministro indicaba que fue invitado a marcharse por presiones externas provenientes del Eurogrupo. El 14 de julio prácticamente se había cerrado un acuerdo con el MEDE para que las instituciones tutelasen al gobierno griego hasta mediados de 2018. Es decir, no solo “se invitó” a dimitir al ministro, sino que finalmente el gobierno griego fue plegado a las exigencias impuestas por los organismos europeos. Todo ello, sin olvidar que había recibido un gran respaldo por parte de su población en un referéndum días antes. 

La otra gran polémica en la que el MEDE ha sobrevolado la soberanía nacional es la de la elección de Mario Monti como Primer Ministro italiano en 2012. Monti era antes comisario europeo, una personalidad reconocida en el seno de las instituciones europeas y le fue encargada la configuración de gobierno por parte del presidente, careciendo Monti de partido político, lo que jugó a su favor (el conocido como periodo de tecnócratas). 

Como hemos señalado antes, la crisis de la covid19 y las necesidades de financiación del Estado español pueden implicar una influencia mayor por parte de los “acreedores europeos”, que podrían decantarse por demandar el desplazamiento y la dimisión de ciertas personalidades. No conviene perder de vista que parte del encabezamiento del programa político de los partidos que forman parte del Gobierno consiste en el aumento del gasto público, medida que puede tensar la política de austeridad propia de una crisis. 

Todo ello nos lleva a una encrucijada cuyos dos extremos son la soberanía de los Estados y bonanza económica, siendo ambos bienes políticos que conviene proteger porque ambos tienen un papel fundamental. Sin soberanía popular -de la que hablamos aquí- no hay democracia, pero sin economía quebrantan las relaciones sociales y, por ende, no hay sociedad gobernable.