Recientemente, ha sido publicada la sentencia de “Willy” Toledo, cuyas declaraciones sobre la religión cristiana y el día de la Hispanidad, provocaron el descontento de muchos. Según la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 26 de Madrid, si bien no se cometió un delito de escarnio, el juez reconoce "la falta de educación, el mal gusto y el lenguaje soez” que caracterizan a sus publicaciones. Por otro lado, una concursante de Operación Triunfo tachó de “psicópatas” y “borrachos” a los amantes de la tauromaquia, provocando la reacción de estos y la posterior disculpa de RTVE. 
 

Ambos sucesos tienen en común que se escudan en un derecho fundamental: la libertad de expresión. Curiosamente, la doctrina constitucional reconoce protección legal a las críticas objetivas, pero no al insulto. Como se expone en la Constitución, los límites a la libertad de expresión son el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Pero estos límites no son claros. Cuando ambos entran en conflicto, no cabe la aplicación automática del precepto, sino que el juez debe analizar cada caso concreto y ponderar bienes. 

Resulta interesante la relación entre la libertad de expresión y el delito de escarnio. La protección del derecho fundamental alcanza hasta el ánimo de ofensa, elemento que puede llegar a ser ambiguo y de difícil prueba. 

La libertad de expresión es un arma de doble filo para determinados sectores políticos, con la cual se emprendió una campaña de “no hate speech” desde el Consejo de Europa. Esta iniciativa pretendía evitar el discurso del odio en las redes sociales, principalmente, consiguiendo implantar límites a la libertad de expresión bajo lo políticamente correcto en el resto de campos. A pesar del Consejo, los esfuerzos políticos y mediáticos para reestablecer el derecho a la libertad de expresión, han reestablecido, parcialmente, la situación. 

En un mundo en el cual la comunicación es fluida y extensa, gracias a las redes sociales, ha tenido lugar un aumento de los conflictos. Por ello, no conviene perder de vista que se trata de un derecho que nos permite la vida en comunidad y mantiene un sistema democrático. Y, siendo tan grande su importancia, ¿acaso no conviene ejercerlo con respeto y, en la medida de lo posible, con cabeza? ¿Valen lo mismo todas las opiniones? ¿Son todas igualmente relevantes? ¿Son Twitter y Facebook un avance en democracia o más bien implica desvirtuarlo?