Cada individuo escribe su biografía y cada generación escribe su propia historia, casi siempre sin darse cuenta de ello, dejando como tarea a futuras generaciones su interpretación. En 20 años -o más-, a los escolares peruanos se les enseñará el lapso 2016-2023 como toda narración: con sus héroes, villanos y hasta héroes que se convirtieron en villanos. Aprenderán un periodo histórico con crisis políticas, sanitarias y económicas. Un periodo de esperanza, pero también de frustración y dolor que recibirá un nombre que sintetice el espíritu de estos tiempos movidos. Quizás, ¿“Crisis del Bicentenario”? En atención a la cadena de eventos desafortunados que se desarrollaron antes, durante e inmediatamente después de 2021. Fecha que conmemoró los 200 años de la independencia del Perú.

Desde 2016, por el Poder Ejecutivo han pasado seis presidentes y se han dictado órdenes de prisión de diversa naturaleza contra seis ex presidentes. En 2019 se disolvió el Congreso de la República por 1ª vez desde la vigencia de la Constitución de 1993. Y, en 2018 se destapó un escándalo de presunto tráfico de influencias en la administración de justicia que ocasionó la fuga de un Juez Supremo. Asimismo, la crisis se ha extendido a algunos organismos constitucionalmente autónomos. En 2017 el Congreso destituyó al Contralor General de la República por diversas faltas. En 2018, tras el escándalo detráfico de influencias en el sistema de justicia, se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura (órgano encargado de nombrar, promover y destituir a jueces y fiscales) y se le sustituyó por la Junta Nacional de Justicia. En 2020 dicha Junta suspendió y luego destituyó al Fiscal de la Nación por riesgo de que obstaculizara las  investigaciones en su contra. Finalmente, cada vez que el Congreso debe renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional se genera una crisis política que, a menudo, ocasiona que perduren en sus cargos con mandato vencido y en desmedro de la legitimidad del Tribunal y del Congreso.

La crisis constitucional tiene múltiples razones, pero por encima de todas sobresale el continuo enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. La sana lógica de los pesos y contrapesos ha sido sustituida por la devastadora consigna de doblegar al poder contrario. No se controla, se sabotea; no se dialoga, se agrede. Lamentablemente, ambos han sido eficaces logrando su mutua destrucción mediante dos disposiciones constitucionales:

El Legislativo se vale de que la Constitución contempla que el Congreso puede declarar la vacancia del Presidente de la República por su “permanente incapacidad moral”. Esto no es nuevo pues se ha repetido en términos sustancialmente similares en las Constituciones de 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933 y 1979. Salvo el aislado caso de la remoción de Fujimori en el 2000, no se había utilizado para destituir a un presidente. Pero la vacancia dejó de ser un tabú cuando estalló el Lava Jato (uno de los casos más grandes de corrupción internacional), que puso bajo sospecha a diversos políticos peruanos. El lenguaje impreciso de la Constitución ha permitido que se amenace al presidente con su destitución cada vez que su ética se pone en entredicho.

La Constitución actual prevé que el presidente pueda disolver el Congreso ante la denegatoria de dos “cuestiones de confianza”. Esto incentiva que el presidente las presente de mala fe, buscando su rechazo y, así, estar habilitado para disolver un Congreso opositor. Esta fue la ruta de Vizcarra y la que intentó Castillo.

Convendría que ningún Poder del Estado tenga la capacidad de doblegar al otro. Se debería promover una reforma que constitucionalice este desarme bilateral; eliminando la facultad presidencial de disolver el Congreso, siempre y cuando se apruebe la bicameralidad en paralelo. Los Diputados tendrían un mandato relativamente corto sujeto a reelección haciendo innecesaria la disolución congresal (la composición de su cámara baja cambiaría con frecuencia funcionando como válvula de escape de las tensiones políticas). Asimismo, sería oportuno sustituir la vacancia presidencial por un verdadero juicio político que contemple un rol diferenciado para que la Cámara de Diputados acuse y la Cámara de Senadores juzgue y decida (previendo que las mayorías diferenciadas en ambas cámaras le den más estabilidad al presidente y reduzcan la impulsividad del Congreso).

Las personas van y vienen, las instituciones se quedan. En estos tiempos, parece que todo lo político es sinónimo de sospecha o criminalidad. No obstante, que la cólera no nuble nuestro juicio y hagamos lo posible por lograr estas reformas. Caso contrario, repetiremos el círculo vicioso con otro presidente y otros congresistas.