Cuando El Salvador decidió en junio la aprobación de la Ley Bitcoin, en el breve debate parlamentario que la precedió, el gobierno hizo alusiones a los múltiples beneficios que la adopción de la criptomoneda conllevaría para el país. Entre ellos, el presidente Bukele hizo hincapié en que la adopción del Bitcoin contribuiría a la democratización de las finanzas, facilitando el acceso a la misma a los ‘no bancarizados’ (unbanked). Otro argumento fue la idea de que el uso del Bitcoin facilitaría la transmisión de remesas al país, al reducir los costes de transacción, y que la medida atraería inversiones extranjeras al país, y serviría para convertir El Salvador en un hub tecnológico y financiero mundial. Sin embargo, a día de hoy, resulta difícil ver un impacto positivo tras la adopción de la medida en la sociedad salvadoreña, reticente a implantar el uso del Bitcoin en su día a día.

En su articulado, la ley prevé el uso del Bitcoin como medio de pago de impuestos y regula la obligatoriedad de su uso por las empresas salvadoreñas. Además, establece la app Chivo como cartera electrónica, es decir, un medio electrónico de almacenamiento de Bitcoin y otras divisas. La ley establece una serie de incentivos, como un subsidio de 30 dólares estadounidenses al descargar la app, así como la subvención de todos los gastos de transacción incurridos al utilizar Bitcoin.

Antes de entrar a evaluar el caso concreto de El Salvador, es necesario hacer referencia a un número de críticas e inconvenientes de la adopción de las criptomonedas como moneda de cambio.

En primer lugar, para que algo pueda ser considerado moneda, debe cumplir ciertas funciones: de acumulación de valor, como medio de pago y como unidad de cuenta. Las criptomonedas, como categoría general, presentan ciertas deficiencias graves que impiden su uso efectivo y eficiente como moneda. En lo referente a la acumulación de valor, la gran volatilidad que rodea este tipo de activos imposibilita esta función, al crear grandes fluctuaciones en el valor de las mismas. Por este mismo motivo, y teniendo en cuenta los altos costes de transacción en el uso de criptomonedas, no son un medio de pago eficiente. Finalmente, una vez más, la gran volatilidad de las criptomonedas inutiliza su posible uso como unidad de cuenta.

En El Salvador, aunque el poco tiempo que lleva en vigor la medida pueda ser un obstáculo para analizar su evolución, existen ciertas preocupaciones que surgieron cuando la Ley Bitcoin fue anunciada. En primer lugar, se cuestionó la idoneidad del texto legal para regular la adopción del Bitcoin. Tras la entrada en vigor de la ley, el precio del Bitcoin cayó un 17%, y las principales agencias de calificación degradaron la puntuación crediticia de El Salvador. 

Un aspecto positivo, recogido en un informe por el Banco de España, es el impulso regulatorio realizado para evitar que la adopción del Bitcoin suponga una herramienta para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Finalmente, siguen existiendo dudas sobre la implantación del Bitcoin para conseguir el objetivo de facilitar el acceso financiero a los ‘no bancarizados’: instalar la app Chivo en un smartphone es un requisito necesario para acceder a la red Bitcoin en El Salvador, un país donde solo la mitad de la población cuenta con acceso a internet y la penetración de smartphones alcanza únicamente el 40%. Este factor, unido a una serie de errores de funcionamiento y brechas de seguridad en la aplicación, explican los datos de uso recogidos en un estudio por Álvarez: el 40% de las descargas de Chivo ocurrieron en septiembre de 2021, y en 2022 apenas se produjeron. El principal factor que llevó a los usuarios a descargar la aplicación fue el subsidio de 30 dólares, no la posibilidad de realizar transacciones con Chivo, ya que éstas han disminuido drásticamente con el paso del tiempo. El consenso generalizado es que existe un alto grado de desconocimiento y desconfianza en la tecnología, y una tendencia de los salvadoreños a preferir el dólar.

 El único campo donde el Bitcoin tiene una ventaja absoluta es en el envío de remesas, que conforman un porcentaje significativo del PIB del país, al eliminar los elevados costes de transacción de los medios de pago habituales. Sin embargo, estadísticas del Banco Central de la Reserva demuestran que el envío de remesas a través de carteras electrónicas ha disminuido un 33% en 2023 comparado con el año pasado.

Por último, cabe destacar el riesgo para los ingresos del país derivado del uso del Bitcoin para el pago de tributos. Atar una fuente tan relevante de ingresos como lo son los impuestos a un activo tan fluctuante y volátil como una criptomoneda podría derivar en graves déficits presupuestarios para El Salvador.